La Superintendencia de Sociedades multó con 90.7 millones de pesos a Jorge Ibán Rozo Barragán, representante legal suplente de ICM Ingenieros, una de las tres sociedades de la Unión Temporal Centros Poblados que embolató un anticipo de más de 70.000 millones de pesos en un contrato con el Ministerio de las TIC.

Todo comenzó en agosto de 2021, semanas después del estallido del escándalo, cuando la entidad pidió al entonces representante legal de ICM, Herles Ariza, información detallada sobre la situación contable, jurídica y financiera de la compañía.

Según el expediente, Ariza no solo no respondió a las preguntas de la entidad, sino que además renunció a la empresa a finales de agosto. La entidad insistió varias veces en el envío de la información y en octubre le enviaron una respuesta, pero incompleta.

La multa fue ordenada desde diciembre del año pasado y la entidad hizo tres intentos para notificarlo: dos a su dirección electrónica y uno a su dirección física; todas fueron devueltas. Por esta razón y para que la multa quede en firme la entidad tuvo que notificarlo esta semana con un aviso en la cartela.

ICM está bajo control de la Supersociedades desde octubre del año pasado, al igual que Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora.

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