Los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) ordenaron al Ministerio de Defensa que remita un informe a ese tribunal en el que se aclare la implementación de las medidas y demás garantías de seguridad que se están aplicando para contrarrestar la ola de violencia y crímenes de excombatientes de las Farc.
“Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Director de CCOET, en el término de quince (15) días hábiles, responder y remitir el informe relacionado con la implementación de las garantías de seguridad en favor de la población de excombatientes en proceso de reincorporación FARC-EP”, señala la decisión de la JEP.
Según los magistrados, está orden surge de la necesidad de contar con información precisa que evidencie los resultados tangibles de los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de Defensa a través de su propia estructura y en articulación con otras entidades del Estado para implementar de manera efectiva las medidas adecuadas que garanticen la seguridad de los exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz.
De igual forma, los magistrados le pidieron cuentas al Ministerio de Defensa sobre las acciones para lograr desmantelar las organizaciones y conductas criminales en el marco de los compromisos adquiridos tras los diálogos de paz.
“Las líneas estratégicas en transición, implementación y estabilización, frente al proceso de negociación y sujeción de los Grupos Armados Organizados (GAO) que se han coordinado y articulado, y los resultados específicos atribuibles a este sector”, señaló la JEP.
Los magistrados también hicieron especial énfasis para que el Ministerio de Defensa explique la relación existente entre los homicidios perpetrados de excombatientes en las zonas de la jurisdicción territorial de la Cuarta División y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y cómo las autoridades han enfrentado la presencia de actores armados.
“La estrategia de control territorial implementada para hacer frente a los grupos armados que operan en el Meta, los indicadores de logro y los resultados obtenidos en cada uno de ellos”, plantean los magistrados.
En torno a este informe que solicita la JEP también se refiere a “los resultados del plan de choque suroriente coordinado con la Fiscalía General de la Nación en los 12 municipios y las 32 veredas seleccionadas del departamento del Meta, y qué efectos en materia de gobernabilidad y del restablecimiento de las condiciones de seguridad”.
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