Luego de que el Tribunal Superior de Antioquia le diera 10 días de plazo al Consejo Nacional Electoral para que certificara el estado contable del proceso de revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero Calle, el CNE impugnó el fallo, por lo que corresponderá a la Corte Suprema de Justicia tomar la decisión en última instancia.

De acuerdo con el documento de la impugnación, el CNE busca que en la segunda instancia se “declare la improcedencia de la acción de tutela» que dio origen a la primera decisión del Tribunal Superior de Antioquia, pues desde su punto de vista no existe “vulneración de derechos fundamentales”.

Andrés Felipe Rodríguez, vocero de la revocatoria, cuestionó que esta revisión para certificar el proceso contable se tarde más de cuatro meses, teniendo en cuenta el monto de 200 millones de pesos invertido en este mecanismo, en el momento de la recolección de las firmas.

«Igualmente, esto no afecta en absolutamente nada el plazo que tienen, de 10 días, para certificar los estados contables, que termina el 7 de abril. Nosotros estamos completamente tranquilos de que estos estados, de que toda esta documentación, se entregó perfectamente», manifestó Rodríguez.

La primera decisión

El pasado 23 de marzo, el Tribunal Superior de Medellín le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que expida la certificación de los estados contables de la revocatoria contra el alcalde Quintero.

El organismo judicial dio a conocer esta determinación en respuesta a una de las 40 tutelas instauradas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, tras considerar que están entorpeciendo el proceso desde hace varios meses.

En su momento, el alcalde Daniel Quintero, calificó dicho plazo al CNE como una “gran noticia”, pues es la etapa final para enterrar de una vez la revocatoria. Dijo que se querían robar el proceso con la “triangulación de recursos”.

Por otra parte, la revocatoria afrontó otro tropiezo luego de que la magistrada Martha Cecilia Lema Villada se declarara impedida para resolver una serie de tutelas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional, en este caso para aprobar los estados contables y convocar a elecciones, respectivamente, debido que fue una de las firmantes de las planillas de la revocatoria.

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