Fiscalía imputó a alcalde y funcionarios de San Vicente del Caguán por presuntas irregularidades en contrato para mitigar la pandemia del Covid19.

Imputados alcalde de San Vicente del Caguán, su secretaria administrativa y una contratista por presuntas irregularidades en contrato para mitigar la pandemia del Covid-19.

Julián Alfredo Perdomo Losada, alcalde de San Vicente del Caguán (Caquetá), su secretaria administrativa, Katherin Chica Floriano y la contratista, Blanca Omaira Hernández Ladino, fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades detectadas en la contratación para mitigar la pandemia del Covid19 en 2020 en esa municipalidad.

Una fiscal adscrita a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Caquetá les imputó, según sus responsabilidades individuales, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y uso de documento falso. En el caso de Hernández Ladino, le fue imputado el delito de peculado por apropiación en calidad de interviniente.

Los hechos materia de investigación ocurrieron entre noviembre y diciembre del 2020, cuando Julián Alfredo Perdomo Losada, en calidad de alcalde municipal, y Katherin Chica Floriano, como secretaria administrativa, se interesaron indebidamente en provecho de Blanca Omaira Hernández Ladino, quien era la representante legal de la Empresa HYM Soluciones Empresariales Zomac.

Al parecer, lo actuado tenía como finalidad que se le adjudicara a Hernández Ladino el contrato de compraventa N. 366 de 2020, cuyo objeto era la compra de insumos destinados para el desarrollo de acciones en salud pública y el talento humano de la Administración Municipal en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, por $85.748.540.

Según los investigadores del Grupo de Administración Pública del CTI, los procesados utilizaron cotizaciones falsas que sirvieron de soporte en los estudios previos, favoreciendo así a la contratista.

De esta manera habrían vulnerado los principios de selección objetiva y transparencia. Igualmente se estableció que en la ejecución del contrato de compraventa hubo un sobrecosto por $35.052.754.

Ninguno de los procesados aceptó responsabilidad alguna. La próxima audiencia será de acusación.

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