A la oficina de correspondencia de la Corte Constitucional llegó el panfleto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, con el que amenazan a los cinco magistrados que votaron a favor de la despenalización total de aborto hasta la semana 24 de gestación.

Los magistrados amenazados son Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, el conjuez Julio Andrés Ossa y el exmagistrado Alberto Rojas Ríos.

El panfleto dice que los tienen identificados, que saben la hora de llegada y salida de la Corte, que conocen la placa de los vehículos en los que los movilizan, y que saben donde viven.

“Los perseguiremos y los declaramos objetivo militar a ustedes y a sus familias”, dice el panfleto que califica la decisión de la Corte como una decisión “maquiavélica”.

La presidente de la Corte, la magistrada Cristina Pardo aseguró por fuera de micrófonos que el caso ya está en conocimiento de las autoridades competentes, pero no quiso responder más preguntas.

La amenaza tiene doce puntos y en unos de ellos dice que la Corte ya había tomado una decisión sobre el aborto en el 2006 y que el caso era cosa juzgada, es decir, que insinúa que la Corte no debió pronunciarse de nuevo sobre la despenalización. “En este país no funcionan las leyes sino la bala”, dice el panfleto.

La decisión que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación ha desatado varias criticas de diferentes sectores políticos conservadores del país.

La Sala Plena de la Corte emitió un comunicado un día antes de recibir la amenaza, en el que pedía que sus decisiones fueran respetadas.

“La Corte exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales, sin perjuicio de controvertirlas si es del caso (…) Así mismo, exhorta a la cordura y al debate sereno y respetuoso sobre el contenido veraz de tales decisiones en forma tal que se garanticen la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública”, se lee en el documento.

Para la Corte “deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”.

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