Un juez de garantías envió a la cárcel a 7 de los 9 capturados como presuntos integrantes de una red de corrupción que, al parecer, se benefició económicamente de contratos en municipios y nombramientos en entidades del orden nacional. Según la Fiscalía, la red estaba al mando del senador Mario Castaño.

“Estas personas, presuntamente, gestionaron recursos para asumir obras de mitigación, construcción de parques y alcantarillado; la pavimentación de vías terciarías; programas de educación y atención a la niñez; así como distribución de licores y proyectos productivos que eran ofrecidos en diferentes poblaciones del país”, dijo la Fiscalía sobre la investigación.

Claudia Castaño y Juan Sebastián Vargas, dos de los detenidos, se les dio medida domiciliaria. La primera, aceptó los cargos imputados por la Fiscalía anunciando un eventual preacuerdo con la fiscalía.

Según la fiscal del caso, esa organización, al parecer, previa intermediación del congresista Castaño, por medio de empresas e ingenieros, formulaba propuestas y proyectos con los requisitos básicos para acceder contratos a través de diferentes entidades, como pólizas o estudios de mercado. Con todo este andamiaje se garantizaría la aceptación de las ofertas ante cualquier instancia o entidad.

“El material probatorio indica que todo se definía mediante el pago de dádivas, que correspondían a porcentajes de los dineros recibidos luego de la adjudicación de cada contrato. Parte de los recursos, supuestamente, se distribuían entre los gestores de los proyectos y otra quedaba en manos del congresista”, asegura el ente acusador.

La fiscal del caso aseguró que la red habría ganado en dos años cerca de 50 contratos, que ascendieron en valor a 43.433 millones de pesos.

Dentro de los contratos investigados aparecen la adjudicación de la comercialización del Aguardiente de Chocó por un valor de 14.492 millones de pesos; obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por 10.000 millones de pesos; la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por 1.250 millones de pesos; la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por 16.424 millones de pesos; y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por 1.000 millones de pesos.

Incluso, la Fiscalía investiga 17 nombramientos de personas recomendadas en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales. Los elementos de prueba indican que los beneficiados debían pagar un mes de los salarios percibidos en el nuevo trabajo.

Los capturados deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, extorsión tentada y estafa agravada.

 

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